La planta de La Oroya la construyeron “los primeros gringos”, como se refieren los lugareños a los estadounidenses de la compañía Cerro de Pasco Copper Corporation que desembarcó en estas alturas de los Andes en 1922. A los pocos años de creada la planta, los agricultores de la zona comenzaron a quejarse de que el humo secaba sus pastos, relata Marina Walker, periodista argentina, en su artículo ganador del premio Reuters-UICN al Periodismo Ambiental 2006, y continúa: En 1974 el gobierno peruano expropió y nacionalizó el complejo metalúrgico de La Oroya... poco se sabía de la intoxicación por plomo por aquellos días porque todavía no se habían realizado estudios de sangre en la población. Los pobladores se habituaron a vivir con los ojos rojos, inyectados, y un pañuelo siempre a mano para cubrirse la cara cuando “venía el humo”.
Una mañana de octubre de 1997, un grupo de estadounidenses firmó un contrato con el gobierno por 120 millones de dólares. Doe Run Co., con sede en Missouri, acababa de comprar la planta de fundición de metales de La Oroya en condiciones más que ventajosas. El acuerdo de venta especificaba que durante diez años la empresa estatal Centromín Perú, que vendió a Doe Run el complejo, asumiría cualquier demanda legal atribuible a la contaminación histórica de La Oroya. En ese período, los estadounidenses se comprometieron a desarrollar un programa de control de emisiones y efluentes industriales, entre otras medidas de mitigación ambiental.
Cuentan los memoriosos que los cerros de La Oroya por ese entonces eran verdes, y en el Mantaro, uno de los ríos más importantes de Perú, se pescaban truchas y ranas. Hoy las montañas que rodean La Oroya están peladas y manchadas de negro, y del Mantaro algunos pobladores dicen que “está muerto”.
Doe Run y la compañía neoyorquina a la que pertenece, Renco Group, enfrentan decenas de juicios en Estados Unidos por supuestos daños al medio ambiente y a la salud ocasionados por sus empresas.
El accionista mayoritario de Renco es el enigmático multimillonario Ira Leon Rennert, a quien la Agencia de Protección Ambiental de EEUU ha calificado como el mas grande contaminador de ese país, según la prensa estadounidense, posee una mansión en Long Island, Nueva York, considerada “La casa mas cara del mundo” que dobla en tamaño a la Casa Blanca, con 29 habitaciones y 40 baños. Una de sus empresas, AM General Corp., es una de las grandes proveedoras de vehículos militares del Pentágono, incluido el famoso Humvee.
El gobierno peruano, presionado por los propios abandonados trabajadores ante la extorción de la empresa -que controla la mayor fundición y refinería de minerales del país-, al paralizar la producción en junio pasado luego de que bancos le cortaron un crédito y se declarara convenientemente en restructuración, solicitando la protección para evitar embargos, acaba de acceder a la prorroga de 30 meses mas para la aplicación de su plan ambiental. Y denunciará al gerente de la minera, Juan Carlos Huyhua, por la muerte de un policía en las recientes manifestaciones de los trabajadores azuzados por la empresa. Un saludo a la bandera.
Mientras tanto se sabe que Ira Rennert ha desviado sin declarar, 96 millones de dólares a EEUU la mayor parte para su casa de 186 millones de dólares. La avaricia depredadora del actual sistema económico mundial sin ética ni moral.
Doe Run tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones de dólares para el plan ambiental (PAMA) en la localidad de La Oroya, una de las zonas más contaminadas del mundo donde está ubicado su complejo metalúrgico. Además debe a sus proveedores unos 110 millones de dólares, quienes han cortado el suministro de metales a la empresa.
Ivan Ortiz
